Como cualquier persona moderna, yo paso algo de mi tiempo navegando por la red y encuentro interesante los diferentes sitios web de la comunidad latinoamericana. Me mantengo informada de los acontecimientos en la comunidad y de los chismes, los cuales a veces son entretenidos pero otras veces son molestos porque contienen declaraciones políticas u otras publicaciones con las que no estoy de acuerdo.
De vez en cuando también me encuentro con publicaciones que son groseras y vulgares o políticamente incorrectas. Me ocupo de estas simplemente ignorándolas. Sin embargo, hay algunos post que, dadas sus afirmaciones, me han motivado a hacer un poco de investigación con el objetivo de analizar cuáles son las implicaciones legales que podrían tener en las personas que los publican.
Los chismes pueden ser muy entretenidos, siempre y cuando no lastimen a nadie, pero me sorprende el número de veces que he visto comentarios sumamente desagradables en contra de algunas personas, y en particularmente en contra de algunos profesionales y empresas de nuestra comunidad.
Esos comentarios me han llevado a revisar diversas fuentes para saber cómo se aplican a Internet las leyes de difamación. Porque en Canadá hay leyes que sirven para proteger la reputación de las personas, en particular si la difamación va dirigida hacia la forma en que esa persona logra garantizar su subsistencia.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Columbia Británica hace varios años ordenó a una mujer pagar a su vecino de al lado $65,000 en una demanda por difamación. Esta señora tuvo que pagar $50,000 por el daño causado a su vecino y $15,000 en daños punitivos. Es interesante notar que la mujer no se llevaba bien con su vecino y publicó comentarios en su página de Facebook afirmando que el hombre era un pedófilo y que ella estaba preocupada por sus propios hijos.
La publicación únicamente estuvo en línea durante 17 horas, pero la Corte dictaminó que la reputación del hombre era indispensable para su profesión y que los comentarios maliciosos podrían haberle hecho perder su trabajo. Él era un profesor y por lo tanto llamarlo “pedófilo” era perjudicial para su trabajo actual y para sus futuras posibilidades de empleo.
La Carta Canadiense de Derechos y Libertades garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, creencia, opinión y expresión, incluida la libertad de prensa y otros medios de comunicación, pero este derecho, junto con todos los derechos garantizados por La Carta, no es absoluto.
La difamación se refiere a dañar la reputación de una persona haciendo una declaración escrita u oral falsa sobre esa persona a un tercero. La ley de difamación no trata de proteger el orgullo, trata de proteger la reputación y ofrecer la restitución a las personas cuya reputación ha sido dañada.
Aunque muy ocasionalmente los tribunales canadienses emiten órdenes para detener un acto de difamación que aún no se ha producido, en general casi todos los casos de difamación involucran a una persona demandando a otra por daños y perjuicios causados por declaraciones difamatorias que ya se han hecho.
La ley de agravio que rodea la ley de difamación no restringe directamente los derechos que tienen las personas a la libertad de expresión, esta no es una prohibición en sí misma. Por el contrario, la difamación versa generalmente sobre el pago por daños a las personas que han sido perjudicadas por las afirmaciones públicas hechas por otra persona.
