En días recientes, tanto un grupo de organizaciones comunitarias como un grupo de políticos a través de todo el país han estado solicitando al gobierno canadiense que, en estos momentos de crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se les dé a los trabajadores indocumentados que hay en Canadá un tratamiento similar al que se le da a cualquier ciudadano o residente permanente.
Desde una perspectiva humanitaria, hay que tener en cuenta que estas son personas que han vivido en Canadá durante muchos años. Yo personalmente tengo conocimiento de personas que han estado en el país más de diez años sin estatus y que están muy bien establecidas, que tienen hijos nacidos aquí, tienen trabajo, muchos de ellos tienen sus propias compañías y algunos vienen de países que están en crisis económica o política y que por lo tanto no sería difícil legalizarlos. Hay que destacar que estas son personas que pagan impuestos provinciales, municipales y federales, y es justo que, como residentes de este país, ya sea con o sin estatus, se les den los mismos servicios para poder vivir tranquilos durante esta crisis.
Desde una perspectiva práctica, por otra parte, hay que decir que las personas que rechazan esta idea lo hacen básicamente por razones políticas, porque tienen temor de que la opinión pública esté en contra de que también se les dé ayuda a las personas que están indocumentadas. Pero estas personas que están en contra deberían darse cuenta de que el objetivo primordial de la ayuda que está dando el gobierno es para que las personas puedan quedarse en sus casas, para que no se contagien y para que no contagien a nadie.
Si observamos los trabajos que hacen las personas indocumentadas vemos que la mayoría están involucrados en las áreas de servicios, de salud, de cuidado de niños, de cuidado de ancianos, en la construcción, etc., es decir, en la mayoría de los trabajos esenciales que han permanecido abiertos durante la pandemia.
Estas personas, aparte de que están más expuestas que quienes tenemos la posibilidad de trabajar desde casa o de quedarnos en casa y recibir la ayuda del gobierno, están forzadas a seguir trabajando, primero, porque la mayoría hacen trabajos esenciales, y segundo, porque quienes no hacen trabajos esenciales tienen que seguir trabajando dado que es su única fuente de recursos en términos económicos para mantener a la familia.
En ese sentido, si no estamos de acuerdo en que a los indocumentados se les dé la ayuda financiera por su falta de estatus, debemos mirarlo de forma pragmática desde la perspectiva de que están en nuestra sociedad, de que están trabajando y que pueden ser un peligro de contagio para el resto de la población. Es decir, si no queremos ser altruistas, seamos egoístas, pero por cualquiera de las dos razones se les debería dar la protección.
También debemos tener en cuenta que aun si estas personas quisieran regresar a sus lugares de origen, las fronteras están cerrados en muchos países del mundo. De hecho, tenemos ciudadanos de distintos países que están estancados en Canadá y que no pueden regresar simplemente porque las fronteras están cerradas, y porque no hay vuelos. En todo caso, lo que diversos sectores comunitarios y políticos canadienses están pidiendo es una ayuda temporal de cuatro meses, igual que se les está dando al resto de personas que viven en Canadá, para que puedan ellos también quedarse en casa y prevenir enfermarse y contagiar a otros.
¿Cuántos indocumentados hay en Canadá? La información que manejo obviamente no es exacta porque ningún indocumentado va a levantar la mano para que lo cuenten, pero las cifras que teníamos en el año 2005, cuando estábamos peleando por la regularización de las personas indocumentadas en Canadá, se basaba en un estudio que se había hecho y que hablaba de alrededor de 500 mil personas sin estatus. Sumado a eso, si tomamos en consideración que en el año 2015 se terminó un programa para trabajadores calificados y que se estima que un porcentaje alto de esas personas se quedó en el país después de que se les vencieron los permisos de trabajo, yo creería que en el país hay actualmente alrededor de un millón de personas que viven de forma indocumentada.
