Dia a día la situación económica, social o política se torna más difícil en diversos países del mundo, por lo cual, particularmente con el empeoramiento debido a la pandemia, muchas personas están siendo obligadas a buscar otros países donde vivir. Canadá es obviamente uno de los destinos preferidos, pero los procesos migratorios son estrictos y los potenciales migrantes deben hacer las cosas muy bien y legalmente desde el principio, porque de lo contario pueden sufrir las consecuencias.
“Cualquier persona quien con conocimiento de causa aconseja, empuja, ayuda o intenta aconsejar o empujar, o aconseja a cualquier otra persona directa o indirectamente a dar falsos testimonios, o a esconder información material o hechos relacionados a un factor relevante que podría resultar en un error en la administración de la ley de inmigración, es culpable de un delito, y de ser encontrada culpable, puede ser sentenciada a hasta cinco años de cárcel o a una multa de $100,000, o a dos años de cárcel o una multa de $50,000”.
Estas son las posibles sentencias para cualquier persona que comete fraude migratorio. Para los consultores registrados de inmigración y para los abogados, las penalizaciones son aún peores. No sólo se deben atener a las sentencias arriba mencionadas, sino que también arriesgan la posibilidad de trabajar en su profesión ya que se les quitaría la licencia profesional.
Estoy escribiendo esto porque la mayoría de personas no está al tanto de lo severo que es para un profesional mentir en un proceso migratorio, o presentar documentación o información al Departamento de Inmigración, o a un Tribunal de Inmigración, sabiendo que la información es falsa.
En algunas oportunidades hemos tenido personas que llegan a la oficina a pedirnos que les ayudemos a presentar un caso que tiene aspectos creados, o a veces completamente falsos, para mejorar las posibilidades de ser aceptadas.
Una de las situaciones de este estilo que vemos con más frecuencia es el caso de parejas, ya sean matrimonios legalmente casados o parejas en unión libre. Algunas personas llegan con un plan muy elaborado: Se han divorciado de su pareja real en el país de origen y piensan casarse con un ciudadano o residente para ser patrocinadas, obtener su residencia y luego divorciarse o separase de la persona que las ha patrocinado para casarse nuevamente con la pareja anterior y patrocinarla para que venga a Canadá.
Parece muy sencillo, pero es un plan que va derecho al fracaso. Al escribir las leyes, el parlamento ha considerado este tipo de situaciones y existe en los reglamentos de inmigración una figura que se asemeja a un “divorcio de conveniencia”. Si una persona se ha divorciado de su pareja para casarse con un ciudadano o residente canadiense y obtener la residencia por medio de un patrocinio familiar, y luego se divorcia del patrocinador para casarse nuevamente con la pareja previa, ese divorcio anterior no se considera genuino.
Para los efectos de un patrocinio, los reglamentos dicen que la pareja que está fuera de Canadá no será considerada una esposa o pareja en unión libre. En esta situación no sólo no se podrá patrocinar a la primera pareja, sino que el residente permanente corre el riesgo de que su propia residencia permanente sea investigada, y al llegar al fallo de que sólo se casó con el patrocinador para los efectos de obtener la residencia, su propia residencia será revocada.
Otra situación, es la de algunas personas que obtienen permisos de trabajo de una compañía canadiense que ha solicitado permiso del Departamento de Recursos Humanos para poder ofrecer el trabajo a un extranjero, y por algún motivo después de llegar deciden no trabajar más con esa compañía y comienzan a laborar en otra empresa sin cambiar su permiso de trabajo.
