A inicios de febrero el medio canadiense Globe and Mail informó que la ex fiscal general, Jody Wilson-Raybould, habría sido presionada por el primer ministro Justin Trudeau para tomar una decisión que favoreciera a la constructora SNC-Lavalin, acusada de sobornar a funcionarios del régimen del dictador libio Muamar el Gadafi, derrocado y ejecutado en 2011.
Aunque en su momento la acusación generó polémica, no fue hasta la comparecencia de Wilson-Raybould, el pasado miércoles, que este escándalo alcanzó proporciones de tal magnitud que muchos consideran que Trudeau debería dejar el cargo.
Jody Wilson-Raybould declaró que recibió presiones e incluso "veladas amenazas" por parte de la Oficina del primer ministro, del propio Trudeau y de otros miembros del Gabinete para que "interfiriera políticamente" en la causa judicial contra la constructora SNC-Lavalin.
Foto: Toronto Star
"¿Está usted interfiriendo políticamente con mi papel como fiscal general? Recomendaría encarecidamente que no lo hiciera", recordó Wilson-Raybould al primer ministro. "No, no, no, solo necesitamos encontrar una solución", habría respondido del primer ministro.
Según su declaración, debido a que ella se negó a este pedido, tanto el propio Trudeau como su principal asesor, Gerald Butts, y hasta el ministro de Finanzas, Bill Morneau, la buscaron y la llamaron en reiteradas ocasiones para intentar convencerla. Este sería el motivo por el que Trudeau la cesó del cargo.
Wilson-Raybould fue destituida el 14 de enero y nombrada ministra de Veteranos, cargo del que dimitió pocos días después de publicarse la información del Globe and Mail.
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