Foto: Ottawa Citizen
Por Vilma Filici
En la columna de la semana pasada hablé acerca de lo que el gobierno canadiense está tratando de hacer en relación con los solicitantes de refugio que están llegando procedentes de los Estados Unidos y de otros países con los que Canadá comparte información, y que han solicitado refugio previamente en dichos países.
Expliqué que el partido en el poder ha presentado una nueva legislación al respecto junto a una serie más de legislaciones en lo que se conoce como un “Ómnibus Bill”.
Ahora quiero referirme a otro proyecto de ley presentado también en dicho “Ómnibus Bill”, y el cual plantea la conversión de la actual “Immigration Consultants of Canada Regulatory council” (ICCRC) en el nuevo Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de Canadá.
Con esta nueva legislación, tal y como lo dijo el propio ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía, Ahmed Hussen, el gobierno está tomando medidas y acciones decisivas para que los consultores de inmigración y ciudadanía tengan un estándar mucho más elevado tal y como lo tienen el resto de las profesiones reguladas en Canadá, tales como los médicos, abogados, etc.
Lamentablemente algunos medios de comunicación retomaron esta frase de “llevar a los consultores de inmigración a un estándar mucho más elevado” de una forma negativa, cuando en realidad no lo es. Y probablemente esta interpretación equivocada de la nueva legislación tenga que ver con el hecho de que el anuncio fue hecho justo en el momento en que el periódico The Globe and Mail publicó una investigación realizada en el caso en que dos consultores de inmigración trajeron al país a más de 2,700 personas que buscaban empleo y abusaron de ellas.
Cambios que trae esta legislación a Canadá
Esta nueva legislación en realidad es producto del arduo trabajo realizado durante los últimos años por la Asociación de Consultores Profesionales de Inmigración, y que va a resultar en la transformación del actual cuerpo que regula a estos profesionales en un Colegio con peso legal.
La nueva legislación plantea que los consultores van a realizar una elección en la cual pueden mantener el mismo cuerpo que regula la profesión (ICCRC), con la misma estructura con que ahora cuentan, pero bajo un nuevo nombre: Colegio de Consultores de Ciudadanía e Inmigración.
Pero tal y como decía antes, no es únicamente un cambio de nombre dado que al cambiar de Asociación a Colegio se estará pasando de ser una organización sin fines de lucro a convertirse en un ente regido por un estatuto federal propio, y por ende el poder del cual hablé. Porque como organización sin fines de lucro la entidad no podía penalizar a las personas que practican leyes de inmigración y ciudadanía sin ser autorizados.
Pero al pasar a tener su propio estatuto federal el Colegio no va solamente a poder disciplinar a sus propios miembros que cometan fraude o negligencia en su trabajo, sino que va a poder disciplinar también a aquellas personas que trabajan en procesos de inmigración y ciudadanía sin estar autorizadas para hacerlo.
El lunes estuve conversando con Dory Jade, quien es el Director Ejecutivo de la Asociación de Consultores de Inmigración, y le pregunté qué pensaba del nuevo proyecto de ley. Me dijo que en la asociación están muy contentos porque el gran trabajo que habían estado realizado durante los últimos seis años finalmente ha dado sus frutos, ya que ahora van a poder no solamente disciplinar a los consultores y a las personas no autorizadas que practican leyes de inmigración, sino que también van a poder proteger al público en general de una manera más efectiva.
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