Hace varios años, una coalición de organizaciones dio a conocer una investigación acerca de las personas indocumentadas que vivían en Canadá. La investigación, que fue financiada por la Labour International Union of North America, LIUNA Local 183, y que fue publicada en el año 2005, llegó a la conclusión de que en el país había entre 300 y 500 mil personas indocumentadas. A la fecha de hoy, diversas fuentes plantean que ese número puede andar un poco arriba del millón de personas.
A lo largo de estos últimos años, diversos medios de comunicación han hecho eco de esta realidad que vive el país y han presentado como ejemplo de esta población a familias de origen latinoamericano, las cuales, después de que se les venció su visa de turistas, decidieron quedarse en el país.
Recuerdo un artículo en particular, donde el periodista explicaba lo honesta que era una familia, lo trabajadores que eran sus miembros y el buen establecimiento económico que tenían en Canadá. De igual forma mencionaba que esta familia estaba preparando la documentación necesaria para solicitar su residencia permanente basada en Razones Humanitarias y de Compasión, dado que definitivamente no querían regresar a su país de origen. Hoy esta familia tiene su residencia y son dueños de una importante empresa en la cual le dan trabajo a decenas de residentes y ciudadanos.
Lo que planteaba dicho artículo es la realidad que muchas personas viven no solamente en Toronto, sino que, a lo largo y ancho del país. Personas que después de haber perdido su caso de refugio decidieron quedarse, o que llegaron como visitantes y cuando se les venció su visa de turistas se quedaron.
También es el caso de estudiantes internacionales que se quedaron después de haber terminado su carrera, y también de trabajadores temporales que después de haber terminado su contrato decidieron hacer de Canadá su hogar aun sin tener la documentación legal necesaria para residir en el país.
A partir del 2015 también fue el caso de miles de trabajadores temporales que en ese momento aun tenían permiso de trabajo, pero que decidieron quedarse aunque fuera de forma indocumentada ya que ese año empezó a funcionar la nueva normativa que establecía que después de cuatro años de trabajar en Canadá, ciertos trabajadores no podían renovar su permiso de trabajo.
Durante los últimos años, y particularmente en el desarrollo de las campañas electorales, una de las cosas que ha quedado clara es que no habrá amnistía para los trabajadores indocumentados. Eso es lo que se desprende de los planteamientos hechos por los representantes de los diferentes partidos políticos.
La explicación que siempre ha dado el partido en el gobierno en turno es que dar una amnistía fomentaría el mismo problema que están tratando de solucionar. Los gobiernos temen que al dar una amnistía las personas recibirán la falsa idea de que esa es la manera de llegar a Canadá, y que por tanto creará la situación ideal para que se repita el problema.
Pero esta posición es errónea en dos factores importantes: El primer factor es el hecho de que ninguna de las organizaciones que han venido luchando por la regularización ha pedido una amnistía. Todas las organizaciones, y los mismos sindicatos, han pedido un programa de regularización basado en mérito.
Nunca se pidió una amnistía general. Se ha pedido que se seleccione a las personas que pudieran demostrar su establecimiento y que no tengan problemas penales. En este sentido, es contradictoria la posición de los gobiernos dada la necesidad que tienen de atraer nuevos inmigrantes para mantener el nivel requerido de población canadiense. De igual forma es absurda también la posición de deportar a los indocumentados, ya que estos son esenciales para poder mantener las industrias a flote, que es precisamente uno de los argumentos que los empleadores y sindicatos siempre han planteado y por lo cual solicitan que estas personas no sean deportadas.
