Hace unos meses la cadena Noticias globales difusión el caso de la familia Sharp. Su caso: su solicitud de residencia permanente fue rechazada debido a que uno de sus hijos tiene parálisis cerebral. En el caso de los Sharp, los padres fueron originarios de Estados Unidos y Australia, y la actual, Ley sobre la inmigración y la protección de los refugiados, prohíbe la residencia permanente, quienes están susceptibles de causar un gran gasto de la salud o los servicios sociales. .
El pasado 13 de diciembre, se presentó en el parlamento un informe sobre este tema. El documento indicaba que la legislación actual «no está en sintonía con los valores canadienses» y fue ser reformada.
De acuerdo al informe, cada año se ahorran 135 millones de dólares canadienses por esta disposición, el monto que solo supone un 0,1% del total de gastos nacionales de salud. Además, entre 2013 y 2016 fueron denegadas 3960 solicitudes, sin embargo 1444 se quedaron tras pasar una revaluación. Las causas más frecuentes fueron la insuficiencia renal crónica, deficiencias intelectuales y VIH.
Al respecto, Ahmed Hussen, ministro de Inmigración, refugiados y ciudadanía, señaló la intención del gobierno canadiense de modificar la ley para reducir en un 80 o 90% las solicitudes de residencia rechazadas.
Los miembros del Consejo de Canadienses con Discapacidad dejaron clara su posición y señalaron que los puntos de la ley real son discriminatorios y contradictorios a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades ya la Convención de Naciones Unidas relativa a las personas con discapacidad.
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